La patronal del rent a car rechaza las nuevas cuotas obligatorias de vehículos eléctricos, alerta sobre la falta de infraestructura de recarga y critica las restricciones en Baleares.
La Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos (FENEVAL) ha mostrado un rechazo frontal a la imposición de cuotas obligatorias de vehículos eléctricos en las flotas corporativas, así como a las nuevas restricciones al alquiler en Baleares. Durante un encuentro informativo celebrado en Madrid, la asociación ha detallado el contexto que afronta el sector en vísperas de la Semana Santa 2026, marcada por previsiones turísticas al alza y por nuevas trabas regulatorias que —según denuncian— ponen en riesgo la actividad empresarial.
FENEVAL sitúa la temporada de Semana Santa en un escenario favorable debido al incremento de la demanda internacional. Las previsiones iniciales del sector estimaban un crecimiento del turismo cercano al 3%, pero el impacto del conflicto en Oriente Medio ha elevado la expectativa hasta el 4%, al percibirse España como un destino europeo seguro. Además, Turespaña cifra en 9,9 millones los asientos programados en vuelos internacionales para marzo, un 5,4% más que el año anterior.
El dinamismo también se refleja en el canal rent a car, que matriculó 38.422 vehículos en los dos primeros meses del año, un 32% más interanual. Según la consultora MSI, la patronal prevé cerrar marzo con 47.000 matriculaciones y sumar 33.000 adicionales en abril, impulsadas por una Semana Santa adelantada que obliga a renovar el parque de forma más concentrada.
Juan Luis Barahona, presidente ejecutivo de FENEVAL, subrayó la relevancia del sector como conector esencial entre aeropuertos, estaciones y destinos finales, destacando además que el parque automovilístico del rent a car mantiene una edad media de 2,3 años, lo que garantiza tecnología de última generación y una apuesta firme por la movilidad sostenible mediante vehículos menos contaminantes.
Críticas a la cuota obligatoria del 36% de vehículos eléctricos
Uno de los puntos más controvertidos del encuentro fue la propuesta de la Comisión Europea de exigir que, a partir de 2030, un 36% de turismos y SUV corporativos sean de cero emisiones. FENEVAL considera esta medida inviable, alegando tres factores determinantes:
- Coste elevado de la transición eléctrica.
- Falta de infraestructura pública de recarga, especialmente de carga ultrarrápida.
- Riesgo financiero asociado al valor residual del vehículo eléctrico, cuya depreciación es difícil de predecir.
Barahona fue tajante: “No contamos con infraestructuras adecuadas que permitan cumplir con los requisitos que se nos imponen”. Actualmente existen 52.985 puntos de recarga, cifra que —según la patronal— sigue siendo insuficiente para la operativa empresarial y para garantizar tiempos de recarga compatibles con las necesidades del sector.
Además, denunció que pretender imponer obligaciones sin medidas acompañantes, como incentivos fiscales, ayudas específicas o un despliegue más ambicioso de infraestructura, “abocaría al sector al caos económico”.
Nuevas restricciones en Baleares: reducción de 1.000 autorizaciones
El segundo gran frente detallado por FENEVAL es la limitación de vehículos de alquiler en Baleares. El Govern y los Consells insulares justifican la medida por supuesta saturación del tráfico, pero la patronal sostiene que se trata de una restricción injustificada a la libertad de movimiento que perjudica gravemente a sectores clave como el turismo y la automoción.
En Ibiza, las limitaciones se aplicarán entre el 15 de junio y el 15 de septiembre de 2026, reduciendo las autorizaciones de 16.000 a 15.000. A ello se suma el retraso en la publicación del texto definitivo que regula el sistema, lo que complica la planificación logística de las empresas en plena preparación de la temporada alta.
Según FENEVAL, estas medidas “criminalizan al sector” y no abordan los problemas reales, como la falta de mejoras en el transporte público y unas infraestructuras que “son las mismas de hace décadas”.
El sector del rent a car encara la temporada turística con crecimiento y perspectivas positivas, pero alerta de que las nuevas políticas regulatorias, tanto a nivel europeo como autonómico, pueden limitar su competitividad y generar tensiones operativas y económicas difíciles de afrontar en el corto plazo.