A partir del 2 de enero de 2026, entrará en vigor en toda España una nueva normativa que regula el uso de patinetes eléctricos y bicicletas eléctricas. La medida, publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 25 de julio, establece la obligatoriedad de contratar un seguro de responsabilidad civil y registrar estos vehículos en una base estatal antes de esa fecha.
La reforma responde al notable incremento en el uso de vehículos de movilidad personal (VMP) en entornos urbanos, así como al aumento de accidentes y conflictos legales derivados de la falta de regulación homogénea. Según la DGT, los patinetes eléctricos pasan a ser considerados “vehículos personales ligeros” y deberán cumplir con requisitos similares a los de otros medios de transporte motorizado.
Requisitos técnicos y administrativos
La ley establece que el seguro obligatorio será exigible únicamente para patinetes eléctricos y bicicletas cuyo motor supere los 250 vatios y puedan alcanzar velocidades superiores a los 25 km/h. Los vehículos que no superen estos límites quedan exentos, aunque se recomienda contratar una póliza voluntaria.
Además del seguro, los propietarios deberán:
- Inscribir el vehículo en un registro público estatal antes del 2 de enero de 2026
- Disponer de una placa identificativa visible
- Contar con un certificado de circulación accesible mediante código QR
- Tener la ITV en vigor; en caso contrario, solo se podrá contratar un seguro temporal
Plazos y sanciones
El periodo de transición para cumplir con la normativa se extiende desde el 25 de julio de 2025 hasta el 25 de enero de 2026. Durante este tiempo, no se aplicarán sanciones a quienes aún no hayan contratado el seguro ni registrado el vehículo. Sin embargo, a partir de esa fecha, circular sin cumplir estos requisitos podrá acarrear multas de hasta 1.000 euros.
Coste y cobertura del seguro
El proceso de contratación es sencillo y puede realizarse en cualquier aseguradora. Los precios oscilan entre 15 y 90 euros anuales, dependiendo de la cobertura. La normativa exige que toda póliza garantice un mínimo de 6.450.000 euros para daños personales y 1.300.000 euros para daños materiales, con actualización anual según el IPC.
Objetivos de la reforma
La DGT y el Ministerio del Interior han señalado que esta reforma busca mejorar la seguridad vial, facilitar la identificación de vehículos en caso de accidente y promover una movilidad más ordenada en las ciudades. La medida ha sido bien recibida por asociaciones de usuarios y entidades municipales, que ven en ella un paso necesario para adaptar la legislación al nuevo paradigma urbano.