Faconauto ha solicitado al Gobierno la activación inmediata del plan nacional de renovación del parque automovilístico tras la aprobación de la nueva Ley de Movilidad Sostenible. La patronal considera que este marco legal debe convertirse en una herramienta efectiva para modernizar el parque desde 2026 y frenar su progresivo envejecimiento, uno de los principales retos del sector para cumplir los objetivos de descarbonización.
La presidenta de la organización, Marta Blázquez, ha afirmado que la aprobación de la Ley supone “un paso adelante”, pero ha insistido en la necesidad de que el plan de renovación sea plenamente operativo para los ciudadanos. Recordó que experiencias previas, como el Plan Reinicia Auto+, han demostrado que un sistema ágil y fiable permite a los clientes acceder a las ayudas en el momento, al tiempo que los concesionarios pueden gestionarlas sin afectar a su actividad. Para Blázquez, este modelo debe servir de referencia: un programa sencillo, eficaz y orientado a facilitar el cambio de vehículo a los conductores.
La patronal destacó también el papel clave que los concesionarios han desempeñado en los programas regionales activados en los últimos meses. Su capilaridad territorial, su cercanía al ciudadano y su experiencia en la gestión operativa han permitido que las ayudas se tramiten de forma rápida y transparente. Según Faconauto, estas características los convierten en un aliado estratégico para el éxito de un futuro plan nacional.
Asimismo, la organización subrayó que la renovación del parque no compite con la electrificación, sino que la impulsa. La retirada de los vehículos más antiguos facilita que muchos usuarios den un primer paso hacia tecnologías más limpias, incluidos los modelos electrificados, en función de sus necesidades y posibilidades económicas. Faconauto sostiene que la combinación de ambas estrategias es la vía más realista para avanzar en los compromisos medioambientales.
Con más de 2.100 concesionarios y 5.300 puntos de venta, el sector representado por Faconauto genera 163.000 empleos directos y una facturación anual de 48.000 millones de euros, contribuyendo al 3% del PIB. La patronal insiste en que la activación del plan nacional no solo supondría un impulso para la movilidad sostenible, sino también para la economía y la seguridad vial.