La futura eliminación del peaje en la AP‑68 marcará un punto de inflexión en la movilidad del valle del Ebro y en la conexión entre Bilbao, La Rioja, Navarra y Zaragoza. Tras 46 años de explotación privada, el Ministerio de Transportes ha fijado el 11 de noviembre de 2026 como la fecha en la que la vía dejará de ser de pago, un cambio que transformará los desplazamientos cotidianos y el transporte de mercancías en uno de los corredores más transitados del norte peninsular.
La autopista, conocida también como Autopista Vasco‑Aragonesa, suma casi 300 kilómetros y ha sido durante décadas una infraestructura estratégica para el tráfico interregional. Su liberalización se enmarca en la política estatal de retirada progresiva de peajes en las vías de alta capacidad, una estrategia que ya ha supuesto la gratuidad de corredores como la AP‑2 entre Zaragoza y El Vendrell desde 2021.
Actualmente, la AP‑68 está gestionada por Abertis, que aplica una tarifa de 37,25 euros para vehículos ligeros en el recorrido completo entre Bilbao y Zaragoza. Los vehículos pesados 1 pagan 67,80 euros, mientras que los pesados 2 alcanzan los 78,60 euros, con descuentos mediante Vía‑T que reducen el coste a 55,19 euros. Estas cifras ilustran el impacto económico que la liberalización tendrá para transportistas, empresas logísticas y usuarios habituales.
A partir de 2026, la vía pasará a denominarse A‑68 en los tramos no desdoblados y coexistirá con la actual A‑68 autonómica en Aragón y Navarra, lo que permitirá elegir entre dos corredores gratuitos con trazados paralelos. Esta duplicidad reforzará la capacidad del eje y aliviará la presión sobre los accesos metropolitanos de Zaragoza y Logroño.
España mantiene todavía más de 1.500 kilómetros de carreteras de pago, entre ellas tramos de la AP‑6, AP‑7, AP‑9, AP‑46, AP‑53, AP‑66 y AP‑71, además de las vías gestionadas por la SEITT y por varias comunidades autónomas. La liberalización de la AP‑68 supone, por tanto, un paso más en la transformación del mapa nacional de peajes y en el debate sobre la financiación de las infraestructuras viarias.